El pasado 22 de mayo se acordó una nueva prórroga del Estado de Alarma a través del Real Decreto 537/2020, que a su vez trajo novedades importantes relativas al cómputo de los plazos procesales, administrativos y de prescripción y caducidad de derechos y acciones, que hasta la fecha siguen suspendidos.

Y es que, el Real Decreto 537/2020, a pesar de que prorroga aún otros quince días más el estado de alarma, considera que ha llegado el momento de levantar la suspensión de los plazos administrativos y judiciales: «el avance del Plan para la desescalada, con la consiguiente reactivación de la actividad económica, de la movilidad y de las necesidades de los ciudadanos de acceder a los servicios, tanto públicos como privados, hace conveniente facilitar el normal desarrollo de los procedimientos administrativos y judiciales«.

De este modo, dicha reanudación quedaría de la siguiente forma:

a)      En cuanto a los plazos procesales prevé el alzamiento de la suspensión con efectos desde el 4 de junio de 2020.

b)      Respecto de los plazos administrativos, se dispone que “con efectos desde el 1 de juniode 2020,el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas”.

c)       En lo que concierne a los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones, se establece también el alzamiento de la suspensión, en esta ocasión con efectos desde el 4 de junio de 2020.

Todo lo anterior  se completa con la derogación expresa de las Disposiciones adicionales segunda y cuarta del RD 463/2020, con efectos desde el 4 de junio de 2020, y de la Disposición adicional tercera, con efectos desde el 1 de junio.

Asimismo, no hay que perder de vista el RD Ley 16/2020, de 28 de abril, pues completa lo dispuesto en el nuevo Decreto, ya que establece:

  • Respecto a los términos y plazos previstos en las leyes procesales que hubieran quedado suspendidos, volverán a computarse desde su inicio.
  • Respecto a los plazos para el anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos contra sentencias y demás resoluciones que, conforme a las leyes procesales, pongan fin al procedimiento y que sean notificadas durante la suspensión de plazos, así como las que sean notificadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al levantamiento de la suspensión de los plazos procesales suspendidos, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para el anuncio, preparación, formalización o interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora.

 En definitiva, una vuelta a la normalidad judicial y administrativa que esperemos se realice de forma eficaz y progresiva ocasionando los menores problemas posibles para los profesionales del Derecho, pero sobre todo para los justiciables.