La Junta de Andalucía, decididamente, ha dado un paso adelante ante el nebuloso escenario que se avecina, con una desaceleración económica global que va a ser mucho más pronunciada de lo que se pronosticaba en un principio como consecuencia de las medidas necesarias adoptadas para contener los efectos de la pandemia de COVID-19, virus que ya ha provocado una importante ralentización de la vida del planeta.

Con fecha 9 de marzo de 2020 la administración andaluza plantea una batería de reformas estructurales en numerosas normas (concretamente, en 31), cuya finalidad no es otra que, en el plazo más corto posible, elevar la eficiencia y competitividad del tejido productivo andaluz.

Para ello, en el ámbito urbanístico se ha modificado la LOUA del año 2002 (aunque sucesivamente  modificada) con el fin de impulsar la actividad industrial y económica, incentivando la creación de nuevas empresas y modernizando las ya existentes.

En materia urbanística, muy significadamente, no solo aborda la excesiva tardanza en tramitar los instrumentos de planeamiento urbanístico, implantando medidas para reducir los plazos hasta su aprobación definitiva, de ocho años de media en nuestra Comunidad Autónoma, sino que reduce decididamente la intervención administrativa previa de los ayuntamientos en los actos de construcción, edificación e instalación, no sujetando a licencia (pero sí a declaración responsable), por ejemplo, las obras menores y la primera ocupación de inmuebles recientemente construidos.

Se persigue con ello aligerar los densos y perniciosos trámites administrativos que tanto desgaste han provocado en la esfera económica de particulares y empresas andaluzas, buscando un ahorro –en tiempo, pero también, consecuente y lógicamente, en economía-  en el sector nunca antes experimentado.

En resumen, si el Tribunal Constitucional no lo impide (tras el reciente anuncio de algunos senadores del PSOE de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el mencionado Decreto-ley), se implementará en nuestro marco legal una nueva norma que va a mejorar y simplificar, claramente, la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. Esperemos, por el bien de todos, que así sea.

 

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