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El Estado debe aplazar ya las liquidaciones del primer trimestre

Desde este despacho profesional queremos sumarnos a las reivindicaciones del CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS, en cuanto a las medidas fiscales que se están adoptando vía Real Decreto Ley por el Ejecutivo, para paliar los efectos económicos del coronavirus. Especialmente, adherirnos a la crítica de que “España se aleja de Europa” en materia fiscal, al no aprobar el aplazamiento de plazos de presentación y de pagos de impuestos como en la mayoría de países del entorno. Estos aplazamientos no deben interpretarse como condonaciones, pues no lo son. Únicamente se trata de diferir el pago, lo que no supondría gran trastorno para las arcas del Estado y se aportaría liquidez a las empresas en este momento crítico, que es cuando verdaderamente lo necesitan. El CGE destaca que en España únicamente se permite aplazar hasta 30.000 €, y advertimos, solo determinadas PYMES y ¡a un tipo de interés del 3%! Se ha realizado un estudio comparativo por el que se concluye que en la mayoría de los países europeos (22 hasta el 31-3-2020) se han extendido los plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias a la generalidad de las empresas, unos ampliando la presentación de impuestos, y otros difiriendo el pago de los mismos (entre otros, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Austria y Dinamarca). Se denuncia la incongruencia de avalar créditos para las empresas con dificultades, para que puedan hacer frente, entre otros, al pago de impuestos. ¿No hubiese sido más sencillo posponer el pago? Cada uno que saque su propia conclusión.   #SalvadorMartínAbogados

¿Cómo afecta la crisis del COVID-19 a los alquileres?

Nuevo paquete de medidas de ayudas al pago del alquiler de vivienda. Nada respecto a las rentas de locales de negocios. Seguimos analizando desde nuestro blog los entresijos de las últimas novedades normativas, todas ellas relacionadas con la crisis sanitaria del COVID-19 y la declaración del estado de alarma, como no podía ser de otro modo. El Consejo de Ministros celebrado el pasado 31 de marzo daba luz verde a un decreto para paliar el impacto económico del coronavirus en familias que viven de alquiler. Para ello, podrán negociar directamente con los propietarios de la vivienda un retraso en el pago de las mensualidades del alquiler, y en el caso de que sea denegado, solicitar a través de las entidades bancarias con aval del Estado, las denominadas ayudas transitorias de financiación a las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad (definida en el art.5). El ejecutivo en la norma ha realizado una clara distinción entre los arrendadores que deben dar su brazo a torcer en las moratorias a favor de sus inquilinos: los grandes tenedores están obligados a elegir entre una moratoria o una quita del 50% (con un máximo de 4 meses). Sin embargo, en los últimos días, habéis sido vosotros, autónomos y pequeños empresarios al frente de PYMES los que nos habéis trasladado vuestra inquietud respecto al pago del alquiler de vuestro local de negocio, cerrado desde la declaración del estado de alarma o directamente, nos comunicáis que la merma de ingresos provocada por la crisis os impiden hacer frente a la totalidad de la deuda. Lamentamos informaros de que no podéis acogeros a ninguna de las medidas expuestas. Las ayudas al alquiler se destinan en exclusiva a vivienda habitual. Entendemos que el Gobierno ha intentado compensar, ampliando la moratoria hipotecaria aprobada el pasado 17 de marzo, a:
  • Inmuebles afectados a actividad económica.
  • Viviendas distintas a la habitual y en situación de alquiler, de las que el propietario deudor ha dejado de percibir las rentas arrendaticias como consecuencia de la declaración del estado de alarma.
Numerosos juristas, tras la crisis económica de 2008, están rescatando de nuevo la doctrina rebus sic stantibus. En aplicación de esta cláusula (1.105 Cc), el arrendatario podría quedar exonerado del pago de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma, pero debemos advertir de la reticencia de los tribunales a aplicar la citada doctrina. Nuestra recomendación, negociación con los dueños de los locales comerciales y pisos afectados a actividad empresarial, a fin de lograr una rebaja en la renta o un aplazamiento del pago.   #SalvadorMartínAbogados

Las dudas que plantea el permiso retribuido recuperable

Con el fin de reducir la movilidad (aún más) de la población, el Gobierno ha aprobado un permiso retribuido recuperable y OBLIGATORIO para las personas trabajadoras por cuenta ajena, que presten sus servicios profesionales en empresas encuadradas en actividades no esenciales. El listado final de actividades que quedan fuera de la norma, figuran en el Anexo del RDL 10/2020, de 29 de marzo. El art. 1 del RDL enumera una serie de excepciones, que a groso modo pueden resumirse en tres: trabajadores cuyas empresas hayan solicitado un ERTE; los que se encuentren de baja por IT, maternidad, paternidad o que tengan suspendido su contrato por otra causa; o aquellos que teletrabajen. Asimismo el art. 4 regula la denominada actividad mínima indispensable, permitiendo a las empresas funcionar a ralentí con una mínima plantilla o turnos de trabajo indispensables. Sin embargo, las excepciones no acaban ahí, pues los autónomos deben continuar su actividad laboral. Por último, una reflexión: ¿qué ocurre con los trabajadores que hayan visto reducida su jornada laboral vía ERTE, y no suspendido su contrato?, ¿quedan exceptuados? Entendemos que no, quedan exonerados de acudir a sus puestos de trabajo y deben recuperar las horas después. #SalvadorMartínAbogados

¿Pueden presentar un ERTE las empresas cuyo cese de la actividad no se haya decretado tras la declaración del estado de alarma?

La respuesta es sí. El RDL 8/2020 prevé medidas excepcionales para el caso de que una empresa inicie un expediente temporal de regulación de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con la crisis del COVID-19. Relacionada es la palabra clave, la situación extraordinaria en la que nos encontramos inmersos sería causa indirecta o colateral, no directa. Desde el art. 23 del RDL se abordan supuestos tales como un menor consumo que provoque un descenso acusado de la facturación o de la demanda de actividad, y en consecuencia, motive un cierre forzoso. Para su tramitación, se exige:
  1. Acompañar informe en el que se detalle la pérdida de actividad sufrida, con documentación justificativa de este extremo.
 
  1. Comunicación a los trabajadores y a los representantes y/o sindicatos, o en su caso, comisión representativa de la plantilla.
 
  1. Apertura del periodo de consultas entre la empresa y la representación de las personas trabajadoras o la comisión representativa prevista en el punto anterior. Este trámite de audiencia no deberá exceder del plazo máximo de siete días.
 
  1. Por último, previa elaboración de informe potestativo por parte de la Inspección de Trabajo, la Autoridad Laboral competente deberá resolver en el plazo de 7 días.
  Ahora bien, las principales diferencias respecto de los otros casos que tienen la consideración de provenientes de una fuerza mayor temporal son:  
  • Durante el tiempo que dura el ERTE por causa económica, técnica, organizativa y de producción, la empresa o el autónomo con trabajadores a su cargo, ha de seguir pagando las cotizaciones hasta que sea aprobado.
  • De aprobarse, la empresa o el autónomo tienen que seguir haciéndose cargo de la aportación empresarial recogida en el 273.2 del TRLGSS, para lo que se tendrá en cuenta la fecha de presentación de la solicitud ante la Autoridad Laboral competente.
#SalvadorMartínAbogados  

En tiempos de crisis: ERTE

En los últimos días, miles de empresarios en toda España han sufrido una pérdida total de su actividad laboral como consecuencia de la grave crisis sanitaria en la que nos encontramos inmersos. Vía decreto de declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo se obligaba al cierre de establecimientos tan diversos como negocios de hostelería o gimnasios, y se suspendía cualquier actividad que implicase la más mínima concurrencia de público. Con el propósito de evitar despidos masivos, a través del RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se han  introducido mecanismos de flexibilización en los procedimientos de regulación temporal de empleo (ERTES) para las empresas, y en contrapartida, mayores coberturas para aquellos empleados que se vean afectados por la medida -Las suspensiones de contratos y reducciones de jornada derivadas de las pérdidas de actividad que tenga su causa directa en el COVID-19 o en la declaración del estado de alarma tendrán la consideración de provenientes de FUERZA MAYOR. El cese de la actividad debe estar motivado por:
  • Suspensión o cancelación de actividades.
  • Cierre temporal de locales de afluencia pública.
  • Restricciones en el transporte, y en general, de la movilidad de las personas y/o de las mercancías.
  • Falta de suministros que impidan continuar con el desarrollo ordinario de la actividad.
  • Contagio de la plantilla o adopción de medidas de aislamiento preventivo decretadas por la autoridad judicial.
           Las principales novedades en la tramitación de los ERTES solicitados por empresas que presenten las anteriores circunstancias son:
  1. Reducción de los plazos. La Autoridad Laboral debe resolver en un máximo de 5 días.
 
  1. Se elimina el periodo de consultas con los trabajadores (obligando a la empresa es comunicar la decisión a empleados y a la representación de los trabajadores, en su caso).
Si se acuerda, la TGSS exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial recogida en el art. 273.2 del TRLGSS, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta. Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará el 75% de la cuota. El Estado se hace cargo de los trabajadores afectados, vía percepción de prestaciones por desempleo, que recibirán a pesar de no haber cotizado el periodo mínimo exigido. El período de cobro de la prestación, mientras dure esta situación, no se restará del período de cómputo de la prestación por desempleo que acumulen los trabajadores. Para el caso de autónomos con empleados a su cargo, se asimila a la situación de una empresa que presenta un ERTE.   #SalvadorMartínAbogados  

Los autónomos frente al COVID-19: Ayudas directas

Entre las medidas económicas propuestas en el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se recoge una ayuda directa para los trabajadores autónomos que hayan debido paralizar su actividad laboral o que han visto mermado de forma más que notable su nivel de ingresos (el 75% de la facturación de la media mensual del último semestre). Aquellos autónomos que estén obligados a seguir prestando servicio, podrán compatibilizar el cobro de la prestación con los ingresos generados de su actividad, con la salvaguarda expuesta en el párrafo anterior: el haber acreditado una caída de su facturación de al menos un 75%. El resto de empleados por cuenta propia que no se hallen en ninguno de los dos supuestos expuestos, por el momento, tendrán que seguir trabajando y pagando impuestos. Para solicitar esta prestación, no es necesario darse de baja en Hacienda ni en Seguridad Social. Los administradores de sociedades tampoco tendrán que cesar en sus cargos. Asimismo, no es necesario cumplir el periodo mínimo de cotización exigido para otras prestaciones, sólo estar dado de alta en alguno de los regímenes de la Seguridad Social y hallarse al corriente de pago de las cotizaciones sociales. Eso sí, como medida excepcional, se va a permitir al autónomo ponerse al día en 30 días naturales, antes de denegar la solicitud. La cuantía a percibir será el equivalente del 70% de la base reguladora; eso sí, para aquellos que hayan cotizado un periodo inferior a los 12 meses exigidos para el cobro de prestaciones, la cuantía será del 70% de la base mínima de cotización del colectivo al que pertenezca el profesional. Por último, el periodo de percepción se entenderá como cotizado, puede solicitarse desde el pasado 18 de marzo y se cobra a mes vencido.   #SalvadorMartínAbogados    
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