El pasado 14 de febrero de 2025 se presentó en la Gerencia Municipal de Urbanismo de Jaén el primer Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial respecto de la Urbanización Viñas Nuevas, sita en Carretera de Torrequebradilla, Km2 del término municipal de Jaén. El ámbito de actuación objeto del presente Plan Especial, se sitúa al noreste de la ciudad de Jaén, a una distancia aproximada de 1.500 metros de su Suelo Urbano, zona de “Viñas Nuevas”, en las proximidades del puente que, cruzando la carretera A-44, da acceso a la zona de urbanizaciones del Puente Tablas. El Plan Especial incluye un total de 11 parcelas, de las cuales 8 cuentan con edificaciones y construcciones irregulares, siendo el uso de las edificaciones principales viviendas unifamiliares aisladas.
Con ese Plan Especial se pretende no sólo regularizar las edificaciones existentes, sino desarrollar las obras previstas en el documento, en concepto de infraestructuras comunes de servicios básicos de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica, así como de telecomunicaciones; estableciéndose las medidas necesarias para su integración ambiental, territorial y paisajística y para garantizar las condiciones mínimas de seguridad y salubridad de la población.
El Plan Especial supone un hito en la provincia de Jaén y es el primer paso para la definitiva incorporación de todos los núcleos poblaciones situados en suelo rústico en el entramado urbano de la ciudad de Jaén, como asentamientos urbanísticos con plenos derechos y deberes.
Hace unas semanas saltaba a los medios una alarmante noticia sobre la denuncia de un aspirante en un proceso selectivo para una plaza de Oficial del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Jaén. Del tenor de aquellos recortes de prensa pareciera como si ciertas funcionarias del Ayuntamiento hubieran cometido una flagrante prevaricación administrativa, favoreciendo de manera injustificada a uno de los aspirantes en contra de las justas pretensiones de otro de los aspirantes, que vio cercenados sus derechos por las relaciones de amistad que esas funcionarias mantendrían con su contrincante.
La denuncia (y su filtrado a los periódicos) ponían en entredicho la honorabilidad y buen hacer de los integrantes del Tribunal Calificador, compuesto por funcionarios municipales que sólo se limitaron a aplicar, con el mayor rigor posible y su absoluta probidad profesional, los criterios de valoración resultantes de la normativa y bases aplicables a ese proceso selectivo. Pese al filtrado a la prensa de esos datos absolutamente inveraces, el pasado 10 de febrero de 2025 se dictó Auto por el Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén, acordando el sobreseimiento y el archivo de la investigación por un delito de prevaricación administrativa.
Es reseñable que la denuncia interpuesta se formuló sin un sólo elemento de prueba, en base a conjeturas y presunciones que tenían como objetivo sustentar una acusación interesada sin reparar en el daño moral y profesional que se podía infligir a quienes no debían soportar ese infundio publicitado sin reparo a instancia del denunciante.
El tenor del Auto judicial no puede ser más contundente: “No podemos sino concluir que los hechos relatados en la denuncia no constituyen infracción penal alguna”, relegando así a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa cualquier anomalía que el denunciante considere se haya podido cometer en la valoración del Tribunal Calificador.
En el camino queda el injusto oprobio sufrido por las tres funcionarias denunciadas y el daño moral que deben soportar, no ya por la falaz denuncia formulada, sino sobre todo por la injusta publicidad dada a esa “noticia” y cuya reparación va a resultar difícil en cualquier caso.
Ya conocemos que el Derecho Penal, dadas sus especiales características, restringe de manera severa muchos derechos en la esfera individual de las personas, por lo que es preciso acotarlo con dos de sus principios básicos: el de intervención mínima y el de proporcionalidad. No todo ilícito debe permitir la entrada en juego de los resortes del derecho penal para su reconducción a la legalidad.
La realidad, no obstante, parece ser otra en no pocas ocasiones, en las que la jurisdicción penal, en su rol de poderoso resorte para la observancia de la ley, diera lugar a situaciones que rayan en lo absurdo, casi en lo cómico, si no fuera por la gravedad de sus consecuencias.
Recientemente hemos tenido ocasión de asistir al calvario judicial de un ciudadano que veía, entre espantado y sorprendido, cómo la simple reparación de la cubierta de una caseta y la construcción de una caseta para su perro se convirtió en una muy seria amenaza para su libertad personal y su economía. La “aventura” de construir le podía reportar penas de prisión y multa, en un severísimo castigo a todas luces desproporcionado.
Aquel calvario judicial pasó, primero, por obligársele a acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, a fin de obtener un previo pronunciamiento para incluir el almacén de aperos en un AFO, y la legalización administrativa de la caseta de perro, con el correspondiente procedimiento administrativo en sede municipal que refrendase esa circunstancia. Y después, para cerrar el círculo procesal, concluir en la jurisdicción penal, que tres años después, mediante sentencia judicial confirmaría la legalidad de las construcciones investigadas, absolviendo al aturdido ciudadano. El Juzgado de lo Penal nº 1 de Jaén así lo acaba de ratificar en Sentencia núm. 303/23 de fecha 13 de diciembre de 2023.
El tema está oficial y procesalmente resuelto. Pero ya no se trata sólo de eso. El asunto merece otra más profunda reflexión. La engorrosa fase de investigación judicial previa, la amenaza de una posible pena privativa de libertad y de multa, y, sobre todo, la tan temida pena de banquillo, han supuesto una pesada carga (procesal, económica, emocional…) de la que ya nadie puede liberar al cliente. Asistiendo a casos tan tristemente pintorescos como éste, se hace imprescindible reparar en la necesidad de que tanto legislador como Poder Judicial apliquen, no ya los principios del Derecho Penal arriba referidos, sino algo tan básico como el sentido común para adecuar la verdadera transcendencia de los ilícitos perseguidos a la gravedad de la reacción del aparato punitivo del Estado. Matar moscas a cañonazos no es tarea para la Justicia Penal.
¡¡Orgullosos de apoyar al deporte de nuestra tierra!! Sobre todo si se trata de un equipo puntero en España y representativo de los valores de nuestra Provincia. Nuestro Despacho apoya y patrocina al equipo de la LNFS Jaén Paraíso Interior FS y, como reconocimiento a ese apoyo, en este mes de enero hemos recibido la visita de integrantes del Club a nuestras instalaciones. Gracias a Chino, Cesar, Mauricio y Mª Trini por distinguirnos con vuestra visita.
El equipo Jaén Paraíso Interior FS ha publicado un vídeo de la visita en su perfil de la red social twitter, que puede verse en el siguiente enlace https://7905d1c4e12c54933a44d19fcd5f9356-gdprlock/JaenFS/status/1752709571871998289
Un Juzgado ha acordado la suspensión del pago del alquiler de una discoteca cerrada, así como la reducción de las mensualidades a la mitad, a causa de la pandemia Recientemente, un Juzgado de Primera Instancia Madrid ha dictado una sentencia que puede afectar a la inmensa mayoría de locales alquilados durante la pandemia causada por el COVID-19. Y es que la delicada situación económica en la que ha dejado la crisis del coronavirus a los arrendatarios no ha pasado desapercibida para la Administración de Justicia.
Concretamente, el Juzgado de Primera Instancia n.º 81 de Madrid, ha dictado un Auto, de fecha 25 de septiembre de 2020, en una pieza de medidas cautelares, instadas por un arrendatario frente al dueño del local, cuyo resultado ha sido favorable a los intereses del arrendatario, que ha sido perjudicado por el obligado cierre decretado por el Gobierno. Y es que el dueño de la discoteca se encontró con una facturación igual a cero durante los meses en los que se prohibió la apertura de estos locales. El magistrado entendió que la sobreveniencia de circunstancias radicalmente imprevisibles, causante de una desproporción exorbitante es motivo suficiente para la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. Dicha cláusula conlleva que en determinadas circunstancias excepcionales se pueda dejar sin efecto el contrato, o también modificar las prestaciones exigibles pactadas. El Juez entendió que existía una evidencia clara de que la situación producida por la pandemia, causaría un perjuicio grave para los arrendatarios de estos tipos de negocios, que desarrollan la mayor parte de su actividad por la noche, conllevando un elevado riego de contagio. En el presente supuesto, el Juez entendió que lo justo para la parte arrendataria era no abonar la renta durante los meses en los que el negocio permaneciese obligatoriamente cerrado, así como reducir la renta al 50 % para el momento en que se permitiese la apertura del local; tomando como referencia para esta rebaja la última mensualidad abonada al dueño del local antes de la pandemia. Es una sentencia controvertida que puede dar oxígeno al inquilino o arrendatario, pero que sin duda levantará ampollas si se analiza desde la óptica del propietario arrendador. Habrá de estarse a la evolución jurisprudencial para conocer el verdadero alcance de esta resolución judicial, pero la polémica está servida.
Un juzgado declara la ilegalidad de la sanción por transitar en vía pública sin causa justificada Durante el Estado de Alarma decretado como consecuencia del COVID, muchas han sido las multas impuestas a los ciudadanos por circular fuera del horario permitido.
Sin embargo, pudiera no existir cobertura legal para la potestad sancionadora que permita la imposición de tales multas, ya que, entre otras cosas, el Estado de Alarma no es el instrumento jurídico válido para limitar los derechos fundamentales de las personas. Y uno de ellos es el de libre circulación por el territorio nacional. La posibilidad de limitar la libre circulación está, en efecto, prevista en el art. 11.a) la LOEAES (Ley Orgánica 4/1981 de estados de alarma, excepción y sitio), la cuestión está en determinar si lo que se ha habilitado con tales medidas es limitarla o suprimirla. Se plantea en definitiva si lo que se ha provocado, de facto, es un estado de excepción encubierto, con la auténtica suspensión de dicho derecho fundamental. Y la suspensión de derechos fundamentales únicamente es posible bajo los estados de excepción y de sitio de acuerdo con lo dispuesto en el art. 55 CE.
En todo caso, hemos de recordar que sí existe infracción y, por tanto, sanción cuando se desobedezca una orden dada por los Agentes de la Autoridad, por ejemplo, permaneciendo en el lugar. Así lo justifica una interesante sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número de Oviedo, de 9 de noviembre de 2020 (recurso 223/2020). Con este contundente pronunciamiento –que no es ni aislado ni paradójico en la jurisprudencia menor, a la espera de otras resoluciones de Tribunal Supremo y del Constitucional que con seguridad llegarán- se abre una rendija para anular las muchas multas impuestas por transitar en vía pública sin causa justificada.
