Las pruebas selectivas para Oficial de Bomberos de Jaén: irrelevancia penal
Hace unas semanas saltaba a los medios una alarmante noticia sobre la denuncia de un aspirante en un proceso selectivo para una plaza de Oficial del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Jaén. Del tenor de aquellos recortes de prensa pareciera como si ciertas funcionarias del Ayuntamiento hubieran cometido una flagrante prevaricación administrativa, favoreciendo de manera injustificada a uno de los aspirantes en contra de las justas pretensiones de otro de los aspirantes, que vio cercenados sus derechos por las relaciones de amistad que esas funcionarias mantendrían con su contrincante.
La denuncia (y su filtrado a los periódicos) ponían en entredicho la honorabilidad y buen hacer de los integrantes del Tribunal Calificador, compuesto por funcionarios municipales que sólo se limitaron a aplicar, con el mayor rigor posible y su absoluta probidad profesional, los criterios de valoración resultantes de la normativa y bases aplicables a ese proceso selectivo. Pese al filtrado a la prensa de esos datos absolutamente inveraces, el pasado 10 de febrero de 2025 se dictó Auto por el Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén, acordando el sobreseimiento y el archivo de la investigación por un delito de prevaricación administrativa.
Es reseñable que la denuncia interpuesta se formuló sin un sólo elemento de prueba, en base a conjeturas y presunciones que tenían como objetivo sustentar una acusación interesada sin reparar en el daño moral y profesional que se podía infligir a quienes no debían soportar ese infundio publicitado sin reparo a instancia del denunciante.
El tenor del Auto judicial no puede ser más contundente: “No podemos sino concluir que los hechos relatados en la denuncia no constituyen infracción penal alguna”, relegando así a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa cualquier anomalía que el denunciante considere se haya podido cometer en la valoración del Tribunal Calificador.
En el camino queda el injusto oprobio sufrido por las tres funcionarias denunciadas y el daño moral que deben soportar, no ya por la falaz denuncia formulada, sino sobre todo por la injusta publicidad dada a esa “noticia” y cuya reparación va a resultar difícil en cualquier caso.
